Agradezco a la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, y especialmente a su presidente, D. Iván Arjona, por honrarme con este galardón que comparto con la colega, Ana Leturia, en esta edición.
Agradezco a la Fundación para la mejora de la vida, la cultura y la sociedad, y especialmente a su presidente, D. Iván Arjona, por honrarme con este galardón que comparto con la colega, Ana Leturia, en esta edición.
Con enorme orgullo puedo decir que he dedicado mi trayectoria, mi vida profesional, al estudio y a la defensa del derecho de libertad religiosa. Desde la catedra Unesco que dirijo he tenido la ocasión de promover, junto con otros colegas que comparten el mismo entusiasmo, tanto proyectos de investigación nacionales e internacionales, como proyectos de cooperación universitaria al desarrollo y contratos de transferencia de conocimiento orientados a este fin.
Considero que mi historial es un fiel reflejo –una proyección– de mi forma de entender y vivir la tarea universitaria. No en vano, “uno llega a ser lo que conoce”. Por este motivo, mi actividad investigadora y mi formación académica han sido, en muchas ocasiones, el fruto de la interpelación de algunas demandas sociales. Ilustro a continuación algunas de ellas:
- He dirigido proyectos de cooperación universitaria al desarrollo en África y Latinoamérica que me enfrentaron a la poligamia y a diferentes formas de violación de los derechos de la mujer amparados en la religión o la cultura, como los matrimonios forzados, la violencia de género, la pobreza y la discriminación.
- A través de los proyectos europeos sobre la incorporación del enfoque de derechos en la educación superior en el Magreb (ABDEM) y sobre integración de refugiados en la educación superior (CIRES), he podido entender mejor las causas estructurales -sociales, políticas y económicas- que explican la radicalización religiosa violenta. Esa experiencia científica y personal me impulsó a investigar en el uso distorsionado de la religión y a trabajar en la construcción de “contra narrativas” basadas en los propios textos religiosos.
- Por otra parte, en el ámbito docente, tengo la fortuna de coordinar la docencia de la asignatura troncal “extranjería, nacionalidad e integración social” en los grados de Derecho y Trabajo social de mi Universidad, que no existe en casi ninguna universidad. Esto me ha permitido acercarme a la protección de derecho a la libertad religiosa y a los derechos culturales desde las políticas de integración. Estas políticas reflejan las frecuentes brechas entre la norma y la realidad a la hora de gestionar la diversidad religiosa y cultural desde el enfoque basado en derechos.
Se trata de hechos sociales candentes que interpelan y cuestionan la norma jurídica vigente, reclamando cambios legislativos o poniendo a prueba los fundamentos de la democracia: la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la tolerancia y el respeto a la pluralidad. Y, en este sentido, considero a la disciplina del Derecho eclesiástico del Estado como un catalizador especialmente sensible tanto a los cambios sociales como a los geopolíticos.
Ahora bien, por lo general, mi aproximación académica y científica a la libertad religiosa ha estado muy marcada por la perspectiva concreta que define la cátedra Unesco que dirijo.
Los conceptos que definen este Cátedra –Ciudadanía democrática y libertad cultural– intentan delimitar los elementos fundamentales de una nueva manera de concebir la política y la gestión pública. En efecto, una sociedad plenamente democrática debe ser inclusiva, de manera que no se limite sólo a respetar las culturas, convicciones y religiones presentes en ella, sino que las incorporare en su proyecto político, para impulsar la plena participación de sus ciudadanos. Esta nueva concepción de la política y de la gestión pública presenta dos características fundamentales: exige una buena gobernanza y sitúa la persona humana y sus derechos en el centro del sistema jurídico y social. Al hacer hincapié en la libertad cultural, la Cátedra se propone también renovar el debate sobre la justicia social y la pobreza. Según este enfoque, ser pobre no sólo significa escasez de recursos sino también estar privado de oportunidades y de la capacidad de ejercer la libertad de elegir debido a la raza, la etnia o la religión que se profese, como bien ha precisado el nobel Amartya Senn.
Las interconexiones entre la libertad religiosa y los derechos culturales abren horizontes nuevos y necesarios en mundo globalizado, que evidencian algunas debilidades del estado liberal construido desde tradiciones occidentales que no tienen fácil acomodo en otras partes del mundo e incluso plantean serios problemas en nuestras sociedades cada vez más diversas:
Hoy se reivindica la libertad religiosa no solo para proteger las creencias, sino principalmente las pertenencias. Sin duda, el derecho a la identidad religiosa es más amplio que el derecho a la libertad religiosa en su lectura occidental o liberal.
- La gestión de la diversidad religiosa en las democracias occidentales se ha apoyado en la garantía del derecho a la igualdad mediante legislaciones antidiscriminatorias, pero todavía se ignora el derecho a ser diferente que reclama una legislación mucho más flexible y adaptable.
- Por otra parte, es interesante constatar en las estrategias de prevención del extremismo religioso violento cómo los líderes religiosos de las tres religiones monoteístas solicitan a los gobiernos renunciar al uso discriminatorio del término minorías. Hoy ese concepto trae consigo un mayor riesgo de sentirse aislado e inferior; prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y recorta los derechos religiosos y civiles de sus miembros convirtiéndoles en ciudadanos de segunda categoría. Se achaca así a los estados occidentales liberales el diseño de un espacio público aparentemente neutro, pero, en realidad, ideológicamente neutralizado, que somete a sospecha a los creyentes y acaba provocando un atrincheramiento en luchas identitarias y un incremento exponencial de la polarización en la sociedad.
Frente a ello debemos insistir en que la diversidad es un activo para la democracia porque sin pluralismo, la democracia no es posible.
Hay también razones menos coyunturales para explicar la interacción de los derechos culturales y la libertad religiosa. Me refiero, por una parte, a la permanente conexión entre la cultura y la religión, incluso a su instrumentalización recíproca a lo largo de historia y, por otra, a la dimensión cultural que posee todo derecho humano.
- No existe una universalidad abstracta de los derechos humanos sin contexto cultural en el que enraícen. Hoy, en muchas partes del mundo, se constata el recelo hacia un universalismo autoritario y abstracto, planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño en orden a homogeneizar, dominar y expoliar.
- Se trata de un modelo de globalización que “conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Ese falso sueño universalista destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo y termina quitando al mundo su humanidad”, como ha denunciado el Papa Francisco.
- Asistimos a una fuerte denuncia de colonización cultural de los derechos humanos por Occidente y del consiguiente epistemicidio que ha llevado a ignorar, o a no tener en cuenta, los valores universales que están presentes en las religiones y culturas tradicionales. Esto ha impedido una verdadera apropiación cultural de los derechos humanos en muchas partes del mundo. Los pueblos indígenas y gran parte de los países musulmanes son un buen ejemplo de esta realidad.
Es verdad que no han sido sólo los estados quienes han abusado de esa instrumentalización de la cultura. También algunos líderes religiosos han recurrido a ella para construir estereotipos en los roles de hombres y mujeres -generados por la cultura machista más que por las religiones- que perpetúan la discriminación. Desgraciadamente esos abusos han servido así mismo para justificar falsamente la violencia en el nombre de Dios.
Una vez más hay que decir alto y claro que “el terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas en todo el mundo, propagando el pánico y el pesimismo, no es a causa de la religión —aun cuando los terroristas la utilizan—, sino de las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia”, como han vuelto a recordar los lideres religiosos en la cumbre de la semana pasada en Kazastán.
Ante el panorama descrito, permítanme volver a mi condición de profesora universitaria para recordar la enorme responsabilidad social de la educación superior, sobre la que tanto insiste la UNESCO. El atenimiento de la universidad a la verdad práctica ha de traducirse en un inquebrantable compromiso con la justicia:
las nuevas realidades mundiales están exigiendo una educación más solidaria, una ciencia más realista y unas estrategias más eficaces.
Por este motivo, las realidades descritas me han llevado a renombrar la asignatura como Gestión de la diversidad religiosa y cultural, a intensificar la interdisciplinariedad en mi investigación y en la composición de los miembros de la cátedra, a trabajar en proyectos de innovación docente que promueven el pensamiento crítico y las competencias interculturales, y a organizar cursos internacionales de verano sobre derechos humanos en la sede de Naciones Unidas en Ginebra –ya son 16 ediciones únicamente interrumpidas por la pandemia- no sólo para sensibilizar sobre su importancia, sino para capacitar en su defensa y promoción.
Estas son algunas de las inquietudes personales que cotidianamente inspiran y alientan mi trabajo. Pueden comprender entonces mejor el valor que adquiere para mí este acto. Es una manera de ver refrendadas mis aspiraciones personales sobre el quehacer universitario y jurídico y de ver recompensados con creces tantos esfuerzos.
Por ello, esta distinción es también un reconocimiento agradecido a todas aquellas personas que han contribuido a enriquecer y sedimentar en mí conocimientos, actitudes y valores adquiridos a lo largo de mi vida. A todos ellos, muchas gracias.
*Ana María Vega Gutiérrez es Catedrática de Derecho eclesiástico del Estado y Directora de la Cátedra Unesco Ciudadanía Democrática y libertad cultural en la Universidad de La Rioja
