En el Congreso organizado por el Consejo General de la Abogacía Española, la ministra de Justicia ha puesto en valor “la cultura de los acuerdos con el diálogo como base metodológica de la elaboración de políticas públicas".
Llop ha señalado el papel de la abogacía española para que la tutela judicial efectiva pueda lograrse plenamente.
La ministra ha destacado los proyectos de desarrollo de la Ley Concursal, en los que participa la abogacía, recalcando cómo esta ley “contribuye a la dinamización económica de nuestro país, para mantener el tejido empresarial".
También se ha referido al Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y “que convierte a España en pionera en Europa a la hora de legislar en este ámbito".
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha inaugurado hoy el XIII Congreso de la Abogacía Española, que se va a celebrar en Tarragona durante los días 3, 4 y 5 de mayo, y que organiza el Consejo General de la Abogacía Española. En su intervención, la titular de Justicia ha puesto en valor “la cultura de los acuerdos, con el diálogo como base metodológica de la elaboración de políticas públicas".
En línea con la cogobernanza, con otras administraciones y con los profesionales jurídicos, Llop ha destacado el valor de “la interrelación, la comunicación fluida" que existe entre su departamento y el Consejo General de la Abogacía Española. Un vínculo, ha recordado, “que es estrecho y cordial desde hace muchos años y que contribuye a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia" y muestra que, desde su departamento, “se cuida de los profesionales".
En esta línea de colaboración y comunicación, Llop ha recordado las reivindicaciones laborales que actualmente están en marcha entre los profesionales del sector, manifestando que su solución llegará “con el diálogo, con la escucha, con esfuerzo y trabajo, así como conocimiento de lo que tenemos en nuestras manos".
La ministra ha destacado algunas medidas fruto de esa colaboración con los abogados, sobre quienes Llop ha asegurado la importancia de “contar con ellos para la cercana presidencia europea". Así, la ministra se ha referido a proyectos de desarrollo de la Ley Concursal en los que participa la abogacía, recalcando cómo esta ley “contribuye a la dinamización económica de nuestro país, para mantener el tejido empresarial". Igualmente, Llop se ha referido al acceso al Expediente Judicial Electrónico y la publicación de la agenda de señalamientos.
Llop también se ha referido a otros proyectos desarrollados en el Ministerio que lidera, como la adaptación del Registro electrónico de apoderamientos judiciales a las nuevas necesidades; o la implementación del Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), que permite desarrollar actuaciones procesales de forma telemática, con un enfoque adaptado a las personas más vulnerables.
Además, la ministra de Justicia ha aludido a las tres Leyes de Eficiencia Procesal, Organizativa y Digital, que se encuentran actualmente en el Parlamento, apelando a las distintas fuerzas políticas, aun con sensibilidades políticas diferentes, a “llegar a un acuerdo, porque esto es, en parte, un pacto de Estado por la Justicia, con leyes transformadoras que nos van a permitir pasar a una Justicia del siglo XXI".
Tutela judicial efectiva
La titular de Justicia también ha resaltado que la abogacía española “juega un papel esencial para que la tutela judicial efectiva pueda lograrse plenamente" y ha hecho un llamamiento a los presentes para “conseguir, entre todos, que España siga avanzando y afronte con excelencia la modernidad que ya está llegando a nuestro servicio público".
Llop, además, se ha referido al Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que inicia ahora su recorrido parlamentario y “que convierte a España en pionera en Europa a la hora de legislar en este ámbito". Esta norma tiene como objeto desarrollar este derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.
Algunos de los ejes en los que se basa la norma son el del libre acceso a los tribunales de Justicia; el derecho de defensa íntegra de forma específica para las causas penales o el principio de igualdad de las partes en el proceso.
La ministra ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en Tarragona, Santiago J. Castellà.
