El secretario de Estado de Justicia ha inaugurado la reunión anual de la RECLUE, de la que España es el país anfitrión en esta edición.
Rodríguez cree que las conclusiones de este encuentro “garantizarán una cohesión normativa que va a beneficiar, no solo a los operadores jurídicos sino, lo más importante, a todos los ciudadanos europeos".
El SEJ ha puesto en valor la alineación de los asuntos que se tratarán en este foro, con las prioridades definidas para la próxima Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
El secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez, ha inaugurado la reunión anual de la RECLUE (Red de Cooperación Legislativa de la Unión Europea) en el Palacio de Parcent, en Madrid.
El SEJ ha destacado el compromiso de España con los objetivos de la Red, entre los que se encuentra el intercambio de información para una mejor toma de decisiones en materia de política legislativa y, así, asegurar un “sistema jurídico y judicial respetuoso con los derechos y libertades de los países de la Unión Europea (UE)".
Durante su intervención, Rodríguez ha asegurado que las conclusiones a las que se llegue en este foro “garantizarán una cohesión normativa que va a beneficiar, no solo a los operadores jurídicos sino, lo más importante, a todos los ciudadanos europeos".
El encuentro se estructura en tres grupos de trabajo que abordarán los procedimientos de insolvencia, la trata de seres humanos y los adultos vulnerables. Según el SEJ, la definición de estas tres prioridades demuestra “la preocupación existente por la protección legal y asistencia a los desfavorecidos", así como “la ayuda al tejido empresarial europeo, en un momento de dificultad y de crisis".
Por último, Rodríguez ha señalado la concordancia de estos foros de debate con las prioridades definidas por España de cara a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el próximo semestre.
RECLUE
Desde su fundación en 2008, la Red de Cooperación Legislativa de la UE está compuesta por los ministerios de Justicia de los estados que, voluntariamente, deciden formar parte de ella. Su función principal es mejorar el acceso a la información que obra en poder de los ministerios sobre la legislación vigente, los sistemas judiciales y jurídicos y los grandes proyectos de reforma en materia de Justicia.
