La oficina de derechos humanos de la ONU ha registrado repetidas y horribles violaciones, incluidos asesinatos en masa, ejecuciones extrajudiciales y decapitaciones, dijo Türk, mientras que el ejército ha continuado cometiendo atrocidades en el estado de Rakhine, donde a la minoría rohingya se le niega la ciudadanía.
En un discurso ante el Consejo, pidió el fin de la impunidad de la junta gobernante que derrocó al Gobierno elegido democráticamente en febrero de 2021.
“Animo a los Estados a que consideren remitir la situación en Myanmar a la Corte Criminal Internacional (ICC). También debemos garantizar la rendición de cuentas por posibles delitos cometidos por diferentes grupos armados”.
‘caída libre mortal’
El Alto Comisionado dijo que el país continuaba en una “caída libre mortal hacia una violencia y una angustia aún más profundas”.
Donde antes había optimismo y esperanzas de un futuro más pacífico y próspero, ahora los civiles vivían “al antojo de una autoridad militar imprudente que se basa en tácticas de control sistemático, miedo y terror”.
Dijo que la economía estaba en espiral con los generales explotando los recursos naturales allí “a un ritmo peligroso, causando daños ambientales irreversibles”.
Se han estrangulado voces de la sociedad civil y periodistas, que continúan con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
Dijo que fuentes creíbles indican que 3.747 personas han muerto a manos del régimen desde que tomó el poder con cerca de 24.000 arrestados.
Obstáculos a la ayuda para salvar vidas
El informe del Sr. Türk se centra en la denegación sistemática de ayuda vital para los civiles y acusó a los militares de establecer “una serie de barreras legales, financieras y burocráticas”.
Con un tercio de la población necesitada, dijo que la obstrucción constituía una negación deliberada, selectiva y calculada de los derechos humanos fundamentales.
Reiteró su llamamiento para el fin inmediato de la “violencia sin sentido” y la liberación de más de 19.000 presos políticos detenidos, incluida la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el Presidente Win Mynt.
El relator especial sobre Myanmar, Thomas Andrews, también abogó ante el Consejo por menos retórica y más acción por parte de los Estados miembros de la ONU para apoyar al pueblo “heroico” de Myanmar, pidiéndoles que “nieguen a la junta las tres cosas que necesita para sostener su brutalidad y opresión: armas, dinero y legitimidad”.
