El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) adoptó una decisión en el marco de sus procedimientos de “alerta temprana y acción urgente”, afirmando que la “negativa persistente” de los países desarrollados a renunciar a los derechos de propiedad intelectual de la vacuna COVID-19, como patentes y marcas, violó las garantías de no discriminación previstas en el derecho internacional de los derechos humanos.
El CERD es uno de los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU. Supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por sus 182 Estados partes y está compuesto por 18 expertos independientes que actúan a título personal.
El mundo en desarrollo queda atrás
El Comité dijo que se dirigía en particular a países como Alemania, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos, que eran todos Estados partes de la Convención y habían desarrollado vacunas, tratamientos y tecnologías sanitarias contra el COVID-19 protegidos por propiedad intelectual.
Citando los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas, el Comité señaló que, si bien alrededor del 32 por ciento de la población mundial ha recibido al menos un refuerzo de COVID-19, en países en desarrollo como Gabón, Papua Nueva Guinea y Burundi y Madagascar, esa proporción es inferior al uno por ciento.
‘Impactos desproporcionados’
El Comité insistió en que la COVID-19 sigue siendo un grave problema de salud pública con efectos negativos devastadores que recaen “desproporcionadamente” sobre personas y grupos vulnerables a la discriminación racial, en particular personas de ascendencia africana o asiática, minorías étnicas, comunidades romaníes y pueblos indígenas.
En una entrevista con Noticias ONU, la presidenta del CERD, Verene Shepherd, subrayó los “altos niveles de morbilidad y mortalidad” que afectan a estos grupos. «No podemos permitir que esto quede desatendido», afirmó.
Suspender los derechos de propiedad intelectual en crisis sanitarias
Los expertos del Comité instaron a los Estados a incorporar un mecanismo que comprometa a los gobiernos a suspender los derechos de propiedad intelectual en caso de crisis sanitaria, en el proyecto de tratado de preparación para una pandemia que se está negociando actualmente en la OMS.
Pidieron a los Estados partes del Norte global que apoyen la capacidad sanitaria de los países más pobres con recursos y permitan que las vacunas, los medicamentos pertinentes y otros equipos y suministros necesarios “estén disponibles para todos”.
El derecho a la salud
El Comité también está preparando nuevas orientaciones, en forma de “recomendación general”, sobre la discriminación racial y el disfrute del derecho a la salud.
La Sra. Shepherd dijo que la pandemia de COVID-19 fue un desencadenante directo de este proyecto. Destacó que era necesario establecer un vínculo entre las injusticias históricas de la esclavitud y el colonialismo, que “hoy en día siguen en gran medida desaparecidas” y el bajo nivel de atención prestado a la salud de los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las minorías étnicas.
La cuestión era un tema de acción urgente para el Comité, dijo, y el primer borrador adoptado en abril se basaba en el “vínculo basado en evidencia entre la discriminación racial como determinante social estructural –como lo reconoce la OMS– y el derecho a la salud”.
El Comité estaba recopilando contribuciones de una amplia variedad de partes interesadas para preparar una versión final de la guía, dijo.
