«Estamos indignados de que quienes buscan a familiares y seres queridos desaparecidos forzadamente sigan siendo atacados y enfrentando violencia en México», dijeron en un comunicado, emitido a raíz de dos incidentes recientes.
Asesinato brutal
La defensora de derechos humanos Teresa Magueyal fue asesinada a tiros mientras andaba en bicicleta en Celaya, estado de Guanajuato, el 2 de mayo. Su hijo, José Luis Apaseo Magueyal, de 34 años, desapareció hace tres años.
La señora Magueyal formaba parte de un grupo formado por familiares de personas desaparecidas y fue la sexta voluntaria asesinada desde 2021, según informes de los medios.
Dos meses antes, Araceli Rodríguez Nava, quien busca incansablemente a su hijo desaparecido, fue atacada en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. El incidente tuvo lugar el 4 de marzo.
Ambas mujeres eran beneficiarias del mecanismo federal de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, dijeron los expertos de la ONU. Aunque sus casos siguen bajo investigación, la información sobre su efectividad ha sido escasa.
Garantizar la libertad y la seguridad
Los expertos de la ONU instaron a las autoridades mexicanas a garantizar que los defensores de derechos humanos que trabajan en desapariciones forzadas puedan operar con libertad y seguridad.
Dijeron que las desapariciones forzadas y los ataques contra estos activistas están vinculados a la presencia de grupos del crimen organizado, extorsión, trata de personas, redes de secuestro, corrupción y colusión con las autoridades.
Además, operar en un entorno constante de miedo, amenaza e inseguridad tiene un efecto intimidante sobre los familiares de las víctimas, la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y las organizaciones.
Investigar y procesar
Agregaron que muchos de los defensores de derechos son mujeres y personas mayores, lo que aumenta el riesgo de ser atacados.
“Es sumamente preocupante que continúe la impunidad por los crímenes contra defensores y activistas de derechos humanos a pesar de las denuncias presentadas. Las medidas de prevención y protección para las víctimas y los objetivos de los ataques no se proporcionan o no son efectivas”, dijeron.
“El Gobierno de México debe investigar, procesar e imponer sanciones apropiadas con prontitud a cualquier persona responsable de las presuntas violaciones”.
Adoptar todas las medidas
Al emitirse su declaración en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el experto de la ONU instó al Gobierno mexicano a “adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de quienes buscan a personas desaparecidas forzadamente, a sus familiares , movimientos de la sociedad civil, organizaciones y servidores públicos”.
Señalaron que una campaña presidencial llamada De Frente a la Libertad En México se está llevando a cabo un proceso que está dando mayor visibilidad a los riesgos que enfrentan periodistas y activistas de derechos humanos en el país.
Dijeron que era hora de que las autoridades tomaran medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos que buscan verdad y justicia.
Acerca de los expertos en derechos de la ONU
El comunicado fue emitido por Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra mujeres y niñas, y Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores.
Fue respaldado por un Grupo de Trabajo y un Comité de la ONU cuyos mandatos cubren las desapariciones forzadas o involuntarias.
Los expertos fueron nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y trabajan de forma voluntaria.
No son personal de la ONU y no reciben pago por su trabajo.
