«El proyecto de ley podría describirse como una forma de apartheid de género, ya que las autoridades parecen estar gobernando mediante una discriminación sistémica con la intención de reprimir a las mujeres y las niñas hasta someterlas totalmente», dijeron los expertos independientes.
Destacaron que la propuesta parlamentaria Proyecto de ley para apoyar a la familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hijab y las restricciones de facto existentes son inherentemente discriminatorias y pueden equivaler a persecución de género.
«El proyecto de ley impone severos castigos a mujeres y niñas por su incumplimiento, lo que puede llevar a su aplicación violenta», advirtieron los expertos.
También viola derechos fundamentales como el derecho a participar en la vida cultural, la libertad de opinión y expresión, el derecho a la protesta pacífica y el derecho a acceder a servicios sociales, educativos y de salud, agregaron.
Mahsa Amini murió
«Después meses de protestas a nivel nacional Por la muerte de Jina Mahsa Amini y contra las leyes restrictivas sobre el uso del velo, las autoridades han introducido un sistema escalonado de castigos dirigido a mujeres y niñas”, dijeron los expertos.
La joven de 22 años fue arrestada en Teherán y puesta bajo custodia hace casi un año por la llamada policía moral por su presunto incumplimiento de las ya estrictas leyes sobre el hijab.
Según los informes, cayó enferma en una comisaría y los testigos declararon que primero la golpearon brutalmente y luego murió en el hospital. Las autoridades iraníes negaron que hubiera sido agredida.
Guerra cultural
El funcionario designado por la ONU añadió que los nuevos castigos propuestos en virtud del proyecto de ley «afectarían desproporcionadamente a las mujeres económicamente marginadas».
El uso de la cultura por parte del gobierno iraní como herramienta para restringir los derechos de las mujeres y las niñas está fuera de lugar, advirtieron los expertos, señalando que “la cultura se forma y evoluciona con la participación de todos”.
Al utilizar términos como “desnudez, falta de castidad, falta de hiyab, mala vestimenta y actos contra la decencia pública que conduzcan a perturbaciones de la paz”, el proyecto de ley busca autorizar a las instituciones públicas a negar servicios y oportunidades esenciales a quienes no cumplan. .
Los directores y gerentes de organizaciones que no cumplan la ley también podrían ser sancionados; advirtieron los expertos independientes.
La moralidad ‘convertida en arma’
“La utilización de la “moral pública” como arma para negar a las mujeres y las niñas su libertad de expresión es profundamente desempoderadora y afianzará y ampliará la discriminación y marginación de género, con consecuencias negativas más amplias para los niños y la sociedad en su conjunto”, dijeron los expertos.
Señalan que, según informes, la llamada policía de la moralidad también ha sido redistribuida en algunas zonas desde principios de julio, potencialmente para hacer cumplir las restricciones sobre el uso obligatorio del velo.
El proyecto de ley fue presentado al Parlamento por el Gobierno y el poder judicial el 21 de mayo. Desde entonces, ha sido modificado varias veces y el último borrador aumenta significativamente el número de sanciones por incumplimiento.
«Instamos a las autoridades a reconsiderar la legislación obligatoria sobre el hijab de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos y a garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos para todas las mujeres y niñas en Irán», dijeron los expertos.
Mandato de los expertos
Se nombran relatores especiales y otros expertos independientes en derechos humanos para monitorear e informar sobre situaciones específicas de países o cuestiones temáticas.
Sirven a título individual, no son personal de la ONU y no reciben pago por su trabajo.
