El Gobierno de España rechaza las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en Guatemala, intencionadamente dirigidas a sustituir las funciones del Tribunal Superior Electoral y cuestionar los resultados del proceso electoral guatemalteco.
Debe cesar el persistente cuestionamiento por parte del Ministerio Público de los pronunciamientos oficiales tanto de los órganos competentes sobre el proceso electoral guatemalteco como los realizados por las distintas Misiones de Observación Electoral que declararon la limpieza de los comicios observados.
La voluntad del pueblo guatemalteco expresada en las urnas debe ser respetada.
