Un informe conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía enfatizó la necesidad de implementar todos los componentes de la justicia transicional por igual. Estos incluyen responsabilidad penal, búsqueda de la verdad, reparaciones y garantías de no repetición, que implican recursos efectivos para las víctimas, reformas legales y reconciliación.
Una de las recomendaciones derivadas del Acuerdo de Cese de Hostilidades de noviembre de 2022, firmado entre el Gobierno y el Frente de Liberación Popular de Tigray, es el establecimiento de políticas de justicia transicional. Este acuerdo marcó el fin del sangriento conflicto en las regiones de Tigray, Amhara y Afar.
En 2018, Etiopía fue testigo de un aumento de las violaciones de derechos humanos, marcado por asesinatos, torturas y violencia étnica y religiosa. La situación se agravó con el estallido de un conflicto armado en la región de Tigray en noviembre de 2020, que se cobró miles de vidas y desplazó a millones.
La violencia étnica en curso en varias regiones intensificó aún más la crisis, lo que provocó un estado de emergencia en todo el país en agosto de 2023 debido a la escalada de tensiones en la región de Amhara.
Un enfoque centrado en las víctimas es fundamental
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acogió con satisfacción las medidas adoptadas por Etiopía para desarrollar una política nacional de justicia de transición alineada con el Acuerdo de Cese de Hostilidades.
«Es crucial que esos esfuerzos sean holísticos y coherentes con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, colocando a las víctimas y a las poblaciones afectadas, especialmente a las mujeres y las niñas, en el centro», añadió.
Recomendaciones clave
El informe expone las conclusiones de 15 consultas comunitarias celebradas entre julio de 2022 y marzo de 2023 con cientos de participantes, incluidas víctimas y sus familias, en las regiones de Afar, Amhara, Harari, Oromia, Somali y Tigray, y en la administración de la ciudad de Dire Dawa.
Establece 31 recomendaciones, incluidas las relativas al diseño y la implementación del proceso de justicia de transición, la justicia y la rendición de cuentas, la búsqueda de la verdad y las recomendaciones, y las garantías de no repetición.
“Al amplificar las experiencias y voces de las poblaciones directamente afectadas en toda Etiopía, es importante que este informe informe adecuadamente los debates en curso sobre el desarrollo de una política legítima, holística, genuina e inclusiva sobre justicia transicional”, añadió Türk.
obligaciones de los estados
El jefe de derechos humanos de la ONU también enfatizó que los Estados tienen el deber de investigar y procesar violaciones y abusos graves de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidas aquellas que equivalen a crímenes según el derecho internacional.
“Quienes han sido objeto de violaciones o abusos tienen derecho a la justicia, incluida una reparación adecuada, integral, rápida y efectiva”, dijo.
