Entre aquellos cuya vida laboral se ha visto trastocada, las autoridades de facto “prohibieron” el acceso al lugar de trabajo a aproximadamente 400 trabajadoras en una planta procesadora de piñones y despidieron a otras 200 en una central eléctrica, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) dijo en un informe sobre la situación de los derechos humanos.
La Misión también observó que mujeres fueron arrestadas por comprar anticonceptivos y que funcionarios del llamado Departamento para la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio “aconsejaron” a las empleadas solteras de un centro de salud que se casaran, so pena de perder sus empleos. .
Según los informes, los funcionarios afirmaron que “no era apropiado que trabajara una mujer soltera”.
A muchas mujeres tampoco se les permitía subir a los autobuses o ir a trabajar porque no estaban casadas o porque no tenían un Mahram – un acompañante masculino – para acompañarlos en público.
Aplicación del decreto sobre el ‘hijab’
El informe también señala que varias mujeres fueron arrestadas arbitrariamente en Kabul y otros lugares por “no llevar el hiyab adecuado”.
La mayoría fueron liberados después de su mahrams firmaron una garantía de que se adherirán al decreto sobre el hijab en el futuro.
«Las medidas tomadas por las autoridades de facto contradicen el propio decreto sobre el hijab», afirmó la UNAMA.
“En caso de una primera infracción del decreto, se deberá amonestar a la persona Mahram (en el lugar de residencia), por una segunda infracción, el individuo Mahram será citado, por una tercera infracción, el Mahram podrá ser encarcelado hasta por tres días y por una cuarta infracción, el individuo Mahram se presentará ante el tribunal de facto para su posterior actuación”.
Libertad de expresión
La UNAMA señaló además que las autoridades de facto seguían infringiendo el derecho a la libertad de expresión al limitar la oportunidad de buscar, recibir y difundir información e ideas.
El 14 de diciembre, el Ministerio de Educación Superior talibán emitió una carta en la que ordenaba a todas las universidades e instituciones educativas privadas que retiraran los libros que se consideraran contrarios a las leyes de la jurisprudencia hanafí.
Esto incluye libros relacionados con las creencias chiítas, partidos políticos y materiales escritos por personas asociadas con el gobierno electo que depusieron los talibanes, según el informe.
En otros ejemplos, cuatro activistas de los derechos de las mujeres y tres empleados de una estación de radio fueron arrestados entre septiembre y diciembre simplemente por hacer su trabajo.
Aunque cinco de ellos fueron puestos en libertad, un activista de derechos humanos sigue detenido y un periodista fue condenado a un año de prisión.
Restos de guerra
El informe señala que al menos 11 personas murieron y otras 51 resultaron heridas por municiones sin detonar entre octubre y diciembre de 2023. Cuarenta y nueve de las 62 víctimas eran niños (41 niños y ocho niñas).
