- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha presidido esta mañana una reunión de trabajo con los representantes de las comunidades autónomas
- Las normativas autonómicas en marcha o anunciadas van en línea con la propuesta por el Ministerio y por el Consejo Escolar del Estado, en el que está representada la comunidad educativa
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha presidido hoy una reunión de trabajo con representantes de las comunidades autónomas para avanzar en la regulación del uso de los dispositivos móviles en los centros educativos. Una reunión que ha debatido sobre la necesidad de dar una respuesta común a una preocupación social como es el uso de estos dispositivos en los colegios.
La reunión se ha desarrollado en buen clima y ha puesto de manifiesto la preocupación compartida por el Ministerio y las comunidades autónomas sobre este aspecto. De hecho, a raíz de la reunión sectorial del pasado 13 de diciembre, siete territorios (incluidos Ceuta y Melilla) han puesto en marcha ya su propia regulación en esta materia, mientras que el resto están en proceso de debate con sus consejos escolares y la comunidad educativa. Otros cuatro contaban ya con algún tipo de regulación.
Alegría ha explicado a las comunidades la propuesta del Ministerio y ha subrayado la importancia de “hacer frente a esta preocupación e inquietud social de manera coordinada. Se trata de contar con una postura común, escuchándonos los unos a los otros, que permita un consenso de mínimos para que luego las comunidades, dentro de su autonomía, puedan realizar sus recomendaciones o instrucciones en un asunto de gran importancia para la sociedad”.
La propuesta trasladada por el Ministerio a las comunidades consiste en un uso cero del móvil en Infantil y Primaria, y en limitarlo a actividades pedagógicas cuando el docente así lo considere en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En todos los casos se contemplarán circunstancias excepcionales. Además, hay comunidades que han planteado que en etapas de enseñanzas postobligatorias sean los centros los que puedan establecer el uso.
Esta reunión ha servido para comprobar el interés común de la comunidad educativa en dar una respuesta a esta inquietud. Además, ha evidenciado que las respuestas que se están dando y en las que se están trabajando van en una línea muy semejante a lo planteado por el Consejo Escolar y el Ministerio.
