El presidente Daniel Ortega y otros funcionarios de alto nivel deben rendir cuentas “al igual que Nicaragua, como Estado que persigue a su propio pueblo dirigido a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas”, dijeron en una declaración.
La acusación aparece en su último informe que detalla cómo se ha deteriorado la situación en el país durante el año pasado.
Objetivo a largo plazo
El informe encontró que se han perpetrado violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir cualquier nueva organización e iniciativa para movilizar a la sociedad a largo plazo.
“Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de todas las formas de oposición política, ya sea real o percibida.tanto a nivel nacional como en el extranjero”, afirmó Jan Simon, presidente del grupo.
A medida que el Gobierno se acerca a su objetivo de destrucción total de las voces críticas en el país, los patrones de violaciones del derecho a la vida y a la seguridad personal son menos prevalentes en la actualidad, señalaron los expertos.
En cambio, ha habido un aumento exponencial de patrones de violaciones que se centran en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo.
‘Infracciones por extensión’
Las personas que han salido de Nicaragua también se han visto afectadas al verse privadas de la nacionalidad y del acceso a documentación oficial, así como de apoyo consular.
Los ciudadanos nicaragüenses han quedado apátrida y sin acceso a recursos legales. Los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos también son víctimas del Gobierno por sus conexiones con opositores reales o supuestos.
Los expertos dijeron que estas “violaciones por extensión” son particularmente graves cuando afectan a niños, muchos de los cuales han sido separados de sus padres que fueron deportados o se les prohibió ingresar a Nicaragua. A algunos se les ha negado pasaportes válidos para reunirse con sus padres.
Centralización del poder del Estado
El informe también destacó la consolidación y centralización de todos los poderes del Estado en manos del presidente Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo, en particular el control total ejercido sobre el poder judicial.
«La centralización del poder no sólo garantiza la impunidad de los perpetradores, sino que también socava los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas», afirmó Ariela Peralta, una de las expertas.
Instaron al Gobierno a liberar inmediatamente a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, al tiempo que pidieron que se amplíen las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos.
“Las sanciones son una forma mínima de rendición de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla”, dijeron.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un organismo independiente con mandato de la ONU Consejo de Derechos Humanos.
Los expertos independientes no son personal de la ONU y no reciben pago por su trabajo.
