- El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto de estructura del Departamento, que incluye una nueva Dirección General y la atribución al Centro de Estudios Jurídicos del nivel orgánico de Dirección General
- Al frente de la nueva Dirección General de Libertad Religiosa estará Mercedes Murillo, que hasta ahora desempeñaba funciones de subdirectora
- La dirección del Centro de Estudios Jurídicos recupera el rango de Dirección General. Seguirá al frente Laura Cambero, actual directora del organismo
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Como principal novedad, crea la Dirección General de Libertad Religiosa como órgano competente para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto. Al frente se situará Mercedes Murillo, catedrática de Derecho Eclesiástico en la Universidad Rey Juan Carlos y hasta ahora subdirectora general de Libertad Religiosa.
Además, la dirección del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) recupera el rango de Dirección General, en consonancia con otros organismos autónomos encargados de la selección y formación del personal al servicio de las distintas Administraciones Públicas.
Así, bajo la actual dirección de la fiscal Laura Cambero, el CEJ continuará ejecutando las políticas de selección y formación de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y demás personal al servicio de la Administración de Justicia; así como de formación de los miembros de la Carrera Fiscal y las FFCC de Seguridad del Estado, en su especialización para la función de policía judicial; y de formación continua del Cuerpo de Abogados del Estado.
Además, entre otros aspectos, el nuevo Real Decreto de estructura introduce los cambios orgánicos necesarios para culminar con la fusión del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y el Ministerio de Justicia en un único departamento; introduce determinados ajustes en la organización de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado; y confiere a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes competencias en materia de promoción de los derechos humanos.
