El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para indemnizar a todos los profesionales que presten servicios de asistencia jurídica gratuita o de atención psicológica a las víctimas de delitos en 2024, o que los prestaron en el año 2023 y aún se encuentran pendientes de abono.
En total, la cuantía de las subvenciones a repartir en este ejercicio asciende a 54,38 millones de euros. Una ayuda que, como cada año, contribuye a hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, cuya garantía corresponde a los poderes públicos, y a garantizar el apoyo a todas las personas que hayan sido víctimas de delitos.
Los pagos se articularán, en lo que respecta a la prestación de asistencia jurídica gratuita, a través del Consejo General de la Abogacía Española, que recibirá 48,3 millones de euros –incluyendo 1,83 millones de euros para el abono de pagos pendientes de 2023–, y del Consejo General de Procuradores de España, con cinco millones de euros. Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos recibirá un millón de euros para financiar las actuaciones de atención psicológica a víctimas de delitos.
