- El Plan, fruto del trabajo y la coordinación de siete ministerios, da respuesta a las recomendaciones que el Defensor del Pueblo plasmó en el informe que le entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre
- Las medidas de actuación que recoge el Plan se ordenan en cinco ejes de acción: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar
El Consejo de Ministros ha presentado este martes el Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que es fruto del trabajo y la coordinación entre siete ministerios.
Este Plan pone en marcha medidas concretas para sensibilizar sobre este problema, evitar nuevos casos reforzando la protección a menores y saldar la deuda existente con las víctimas, en especial con aquellas que no han podido seguir un proceso penal por la prescripción de los delitos o el fallecimiento del victimario.
En rueda de prensa, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que con este Plan se busca que la democracia española salde una deuda con todas las víctimas de abusos, situándolas en el centro de la acción política del Gobierno. Bolaños también ha subrayado que la intención del Ejecutivo es trabajar en colaboración con la Iglesia católica, con quien ya ha iniciado conversaciones.
Las iniciativas se ordenan en cinco ejes de acción, correspondientes con los cinco ejes de recomendaciones del Defensor del Pueblo.
El primer eje incluye medidas de reconocimiento y reparación. En este sentido, prevé la organización de un acto público con las víctimas y sus familias que suponga un primer paso para una reparación simbólica. También recoge una reparación material adecuada y suficiente, tanto en términos económicos como de atención psicológica. Además, para apoyar a las víctimas que no han tenido la oportunidad de ejercer la acción penal, el Plan contempla la adopción de las medidas normativas necesarias para su reparación, así como la modificación de los plazos de prescripción de la responsabilidad civil, cuyo cómputo no se iniciará hasta que la víctima haya cumplido 35 años.
El segundo eje se orienta hacia la garantía de la atención integral de las víctimas, con medidas como la prestación de un trato óptimo por parte de los servicios especializados; la generación de entornos seguros, cómodos y adecuados para las personas menores de edad que presten declaración; y la garantía de que todas las víctimas disponen de asistencia jurídica gratuita.
El tercer eje establece acciones para la prevención de los abusos sexuales en la infancia y la adolescencia, entre ellos, el refuerzo de las labores de supervisión de las inspecciones educativas y la formación de coordinadores de bienestar y protección en los centros docentes.
El cuarto eje incluye medidas de formación y sensibilización, incluyendo la introducción de contenidos en los currículos de los futuros profesionales que vayan a estar en contacto continuo con menores, con independencia de su ámbito de actuación.
Por último, el quinto eje prevé dos obligaciones para los poderes públicos: la investigación de la violencia infantil, con el objetivo de facilitar el impulso de mejores políticas públicas, y la mejora de los sistemas de información y de obtención de datos, especialmente en el ámbito judicial.
Además, el Plan prevé la creación de una Comisión de seguimiento, encargada de garantizar la correcta evaluación y ejecución de todas las medidas y de impulsar la coordinación necesaria para ello con la Iglesia católica.
Con este Plan, el Gobierno da respuesta al informe elaborado por la comisión independiente que el Congreso le encomendó crear al Defensor del Pueblo en marzo de 2022, con el objetivo de estudiar las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos ante esta situación.
