El embargo de armas se estableció en 2013 en el contexto de un brutal conflicto entre comunidades, cuando los rebeldes predominantemente musulmanes Seleka tomaron el poder, lo que provocó que las milicias, en su mayoría cristianas, contraatacaran.
Los civiles fueron los más afectados por el conflicto, con varios miles de muertos y muchos obligados a abandonar sus hogares.
Al adoptar por unanimidad la resolución 2745 (2024), el Consejo de Seguridad también autorizó a los Estados Miembros a “incautar, registrar y eliminar” artículos prohibidos (armas y municiones, vehículos y equipos militares, equipos y repuestos paramilitares) destinados a grupos armados e individuos asociados que operan en el COCHE.
Los Estados miembros deben notificar al Comité de Sanciones de la República Centroafricana dentro de los 30 días siguientes a la eliminación de dichos artículos.
El Consejo de Seguridad también amplió el mandato del Panel de Expertos, que apoya al Comité de Sanciones de la República Centroafricana, hasta agosto de 2025.
El Consejo también “expresó [its] intención” de revisar el mandato del Panel y tomar las medidas apropiadas con respecto a su nueva extensión a más tardar el 31 de julio del próximo año.
Los 15 embajadores también solicitaron al Panel que “dedique especial atención” al análisis de las redes de tráfico transnacional ilícito que continúan financiando y suministrando a grupos armados en la República Centroafricana y las amenazas relacionadas con municiones explosivas.
El Panel debe proporcionar un informe de mitad de período antes del 31 de enero de 2025, un informe final antes del 15 de junio de 2025 y actualizaciones de progreso según corresponda.
