El nuevo informe amplía las conclusiones presentadas en septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Documenta un patrón de escalada de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas, funcionarios gubernamentales y grupos civiles armados progubernamentales, conocidos como “colectivos”, a raíz de las disputadas elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela.
Represión coordinada
Las conclusiones de la Misión revelan un esfuerzo coordinado para atacar a los supuestos opositores políticos. Los abusos “fueron cometidos como parte de un plan coordinado para silenciar, desalentar y aplastar la oposición al Gobierno del Presidente Maduro”, informaron los investigadores.
La Misión encomendada por el Consejo de Derechos Humanos descubrió que los detenidos, incluidos niños y personas con discapacidad, fueron amenazados, en algunos casos con actos de tortura, para autoincriminarse por delitos graves, como el terrorismo. A muchos se les negó el acceso a representación legal, lo que los dejó vulnerables a duras penas y detenciones prolongadas.
Particularmente grave es el número de menores detenidos, que enfrentaron las mismas amenazas que los adultos, y el informe señala que “no se beneficiaron de las garantías procesales que les otorga la Ley Orgánica de Protección a la Niñez y la Adolescencia y las normas y estándares internacionales”. .”
Crímenes de lesa humanidad
El informe de la Misión confirma que algunas de las violaciones de derechos humanos documentadas durante este período califican como crímenes de lesa humanidad, incluidas las persecuciones por motivos políticos.
Al menos 25 personas murieron, cientos resultaron heridas y miles siguen detenidas por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión.revela el informe.
La Misión concluye pidiendo la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente e insta al gobierno venezolano a respetar la integridad física y psicológica de los detenidos. También se enfatiza la atención internacional para proteger a los niños en estas circunstancias.
La Misión Internacional Independiente de Investigación continuará investigando la situación como lo solicitó el Consejo de Derechos Humanos en una reciente decisión de extender su mandato por otros dos años.
La Misión fue establecida por el Consejo en septiembre de 2019 para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.
Está formado por tres expertos que no son personal de la ONU, no reciben ningún pago por su trabajo y no representan a ningún gobierno u organización.
