La urgencia es clara: la humanidad produce más de 460 millones de toneladas métricas de plástico al año, la mitad de las cuales está diseñada para un solo uso. “Para 2050, podría haber más plástico que peces en el océano”, advirtió el Secretario General de la ONU, António Guterres, y la contaminación ahora se encuentra “en todas partes –a nuestro alrededor y dentro de nosotros-, desde nuestros mares hasta nuestra sangre y nuestro cerebro”.
Hablando antes de la sesión final del Comité Internacional de Negociación sobre el acuerdo, en Busan, Corea del Sur, los expertos enfatizaron que los estados y empresas productores de plástico deben asumir una mayor responsabilidad para abordar los impactos sobre los derechos humanos en todo el mundo.
Transparencia y prevención
Los expertos destacaron que el instrumento jurídicamente vinculante debe incluir referencias explícitas a los derechos humanos y enfatizaron la importancia de los principios de transparencia, prevención y rendición de cuentas.
“La dirección actual de las negociaciones… corre el riesgo de trasladar la responsabilidad de los Estados productores a los Estados en desarrollo que carecen de la capacidad o los recursos para enfrentar el flagelo mundial del plástico.”, advirtieron los expertos.
Hicieron hincapié en que cada etapa del ciclo del plástico genera contaminación que amenaza los derechos humanos básicos, desde la producción hasta la eliminación.
La transparencia debe sustentar todo el proceso. “El público debe tener acceso a información precisa y accesible sobre las sustancias químicas de interés. utilizados en polímeros y productos plásticos, el tipo y las cantidades de contaminantes emitidos o liberados en cada una de las etapas del ciclo de vida del plástico, y los volúmenes de plásticos producidos”, dijeron los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos.
Los expertos, que no son personal de la ONU y no reciben salario por su trabajo, también señalaron la importancia de la prevención.
La prevención requiere acciones en dos frentes: controlar las sustancias químicas preocupantes en los plásticos y garantizar que el diseño del producto permita un reciclaje seguro. Estas medidas son particularmente cruciales para los países en desarrollo que carecen de economías de escala y dependen de las importaciones. Los expertos señalaron que este enfoque “permitiría la transición hacia una economía circular químicamente segura”.
Los productores deben pagar
Para apoyar estos esfuerzos, los expertos piden un fondo global obligatorio con contribuciones de los productores.
«La rendición de cuentas significa que los productores de plástico deben hacer contribuciones a un fondo global», subrayaron los expertos.
Esto haría operativo el principio de quien contamina paga y ayudaría a las naciones en desarrollo, particularmente a los pequeños estados insulares, a implementar sistemas efectivos de gestión de desechos y limpiar la contaminación existente, incluidos los remolinos de plástico marinos.
‘Una transición justa’
Un enfoque basado en los derechos humanos también exige acceso a soluciones, especialmente para las comunidades afectadas desproporcionadamente por la contaminación plástica. Los expertos han pedido anteriormente una transición justa que proteja a las comunidades vulnerables, incluidos los recicladores que recolectan aproximadamente el 60 por ciento de los plásticos reciclados a nivel mundial.
“Una transición justa que no deje a nadie atrás es fundamental para abordar la situación de muchas personas y grupos que obtienen ingresos del trabajo en plásticos”, subrayaron los expertos.
Mirando hacia adelante
«La comunidad internacional debe unirse para poner fin a la contaminación plástica», afirmaron los expertos. De cara al futuro, los expertos llaman a afrontar las “externalidades negativas impuestas por los combustibles fósiles y las industrias petroquímicas” garantizando al mismo tiempo la protección de las comunidades vulnerables.
Su conclusión estableció un mandato claro: “Una transición legítima y justa para poner fin a la contaminación plástica requiere colocar los derechos humanos en el centro del instrumento jurídicamente vinculante que se está negociando”.
