Iniciado por una resolución de la Asamblea General de la ONU, en el proceso participaron 96 países y 11 organizaciones regionales que presentaron sus puntos de vista sobre las “obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático” según el derecho internacional.
Si bien la opinión consultiva de la CIJ no será vinculante, se espera que dé forma al futuro del derecho climático internacional.
Las pequeñas islas piden justicia
Las audiencias comenzaron con un llamamiento de Vanuatu y Melanesian Spearhead Group, que representa a las naciones más vulnerables al cambio climático.
«El resultado de estos procedimientos históricos tendrá repercusiones para las generaciones venideras, determinando el destino de naciones como la mía y el futuro de nuestro planeta», dijo Ralph Regenvanu, enviado especial de Vanuatu para el cambio climático.
La nación insular del Pacífico destacó los impactos catastróficos del aumento del nivel del mar y el clima extremo, calificando de “ilícitas” las fallas de los Estados con altas emisiones.
El fiscal general del país, Arnold Kiel Loughman, argumentó que “el incumplimiento de sus obligaciones por parte de un puñado de Estados con altas emisiones constituye un acto internacionalmente ilícito”, ya que han llevado a la humanidad “al borde del abismo”.
Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), representados por la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), se hicieron eco de estos llamados.
Pidieron a la Corte Mundial que afirme los principios del derecho internacional que abordan el aumento del nivel del mar, incluido el reconocimiento de zonas marítimas y la condición de Estado incluso si los territorios están inundados.
Responsabilidades diferenciadas: Brasil y China intervienen
Brasil destacó su compromiso con reducciones ambiciosas de emisiones, destacando que a pesar de ser un país en desarrollo, enfrenta desafíos importantes como la erradicación de la pobreza y los impactos climáticos extremos.
El enviado especial del país para el cambio climático, Luiz Alberto Figueiredo Machado, subrayó el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, afirmando que los países desarrollados con altas emisiones soportan la mayor carga para abordar la crisis.
Mientras tanto, China instó a la CIJ a evitar la creación de nuevas obligaciones legales y centrarse en los marcos existentes, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Como uno de los mayores emisores del mundo, China argumentó que las naciones desarrolladas deben asumir la responsabilidad histórica, mientras que los países en desarrollo requieren plazos más largos para cumplir los objetivos climáticos.
Las torres y frontones del Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
Estados Unidos y la UE adoptan posturas divergentes
Estados Unidos reconoció la gravedad de la crisis climática, pero argumentó que los tratados internacionales como el Acuerdo de París no son legalmente vinculantes.
Margaret Taylor, la representante de Estados Unidos, también rechazó la noción de que “responsabilidades comunes pero diferenciadas” sea un principio fundamental del derecho internacional.
Por otro lado, la Unión Europea (UE) enfatizó la cooperación y destacó el carácter no contencioso de los procedimientos consultivos.
Los representantes de la UE señalaron la importancia de los tratados existentes para abordar el cambio climático, pero no llegaron a pedir mecanismos de aplicación.
Un momento crucial para la acción climática internacional
Mientras la CIJ delibera, tanto las naciones como los observadores esperan su opinión consultiva, que se espera oriente las futuras interpretaciones legales de las responsabilidades de los Estados por la crisis climática.
Para las pequeñas naciones insulares y las comunidades vulnerables, lo que está en juego es existencial.
