Ravina Shamdasani, portavoz de ACNUDH, dijo en un comunicado que la Oficina lamentaba el anuncio y que continúa colaborando con las autoridades y otras partes interesadas.
“Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela”, añadió.
A principios de esta semana, ACNUDH dijo en una publicación en X, antes Twitter, que daba seguimiento a la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel “con profunda preocupación”.
«Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada», afirmó, pidiendo su liberación inmediata y que se respete su derecho a la defensa jurídica.
Horas antes del anuncio del Gobierno venezolano, la oficina dicho en X: “Tras declaraciones de las autoridades, tomamos nota de que se ha confirmado el lugar de detención de Rocío San Miguel –y por tanto su paradero”- y que cuatro de sus familiares habían sido puestos en libertad condicional.
También pidió garantías del debido proceso, incluido el respeto del derecho a la representación de la defensa.
ACNUDH en Venezuela
Desde octubre de 2019, ACNUDH ha estado trabajando en Venezuela, brindando asistencia técnica y monitoreando la situación para proteger y promover el respeto de los derechos humanos, mejorar el estado de derecho y proteger el espacio democrático.
El ACNUDH también ha estado brindando apoyo para el desarrollo inclusivo y participativo del segundo plan nacional de derechos humanos y el establecimiento de un mecanismo nacional para la presentación de informes y el seguimiento de las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Detention of Rocío San Miguel
Según la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela, la Sra. San Miguel, presidenta de una organización de la sociedad civil Control Ciudadano, fue detenida por las autoridades el 9 de febrero.
La misión de investigación dijo en un comunicado el martes que las fuerzas de seguridad venezolanas la detuvieron “cuando intentaba abordar un vuelo junto con su hija en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar”.
Marta Valiñas, presidenta de la misión de investigación, había pedido a las autoridades que proporcionaran información sobre la Sra. San Miguel y su hija, así como sobre «todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen».
“Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho penal internacional”, añadió la Sra. Valiñas.
La misión de investigación fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre por un período de un año para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. Su mandato se ha ampliado hasta septiembre de 2024.
