Rocío Muñoz, madre de Carla, cuenta al Europa Hoy una historia que no te dejará impasible. Una chica joven, 24 años, retenida contra su voluntad en el HUBU, concretamente en la planta de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos, cumpliéndose hoy dos meses desde el 10 de junio y bajo tratamiento psiquiátrico cuando en realidad tiene una enfermedad física y ningún trastorno mental según confirman una y otra vez desde el HUBU a la familia.
En estos momentos, nos cuenta Rocío, Carla se encuentra medicada en psiquiatría sin razón lógica para ello. «El verdadero diagnóstico es enfermedad de Lyme avanzado, transmitida por la picadura de una garrapata según confirman pruebas diagnósticas hechas por médicos externos al hospital».
Los síntomas de esta enfermedad son muy variados: desde síntomas digestivos, vasculares, neurológicos, endocrinos hasta los parecidos a la fibromialgia, así como una caída del sistema inmunológico. El tipo de prueba necesaria para detectar esta enfermedad no se realiza en la Seguridad Social por su alto índice de falsos negativos, y por ello es preciso acudir a laboratorios externos donde se hagan pruebas como elispot, test de phagos, nanotrap antigen test de Galaxy y Paldispot entre otros.
Según se ha documentado, Carla aquejada de esta enfermedad infecciosa y multisistémica, acude al servicio de salud con múltiples síntomas orgánicos: pérdida de peso involuntaria, dolores musculares y articulares, ulceras vasculares, edemas en miembros inferiores, livedo reticular, fracturas vertebrales, estrechamiento de la arteria mesentérica en la unión con el tronco celiaco e infecciones recurrentes por su inmunosupresión.
Dicho servicio, ante la imposibilidad de encontrar el motivo de las dolencias orgánicas detectadas y viendo el progresivo e imparable deterioro físico que padece, decide, de forma incomprensible para todos los profesionales de salud a los que hemos preguntado, trasladarla a la planta de psiquiatría con la excusa de que esté en un lugar más aséptico.
No parece lógico obviar el uso de la UCI dónde el seguimiento y tratamiento de su enfermedad podría ser el adecuado.
En vez de eso es trasladada a psiquiatría, se le quitan las vías (Carla es además diabética), se la aísla del exterior, se le impide tener teléfono, recibir las visitas necesarias y ni siquiera comunicar libremente con sus seres queridos (lo cual viola todo lo que la ONU y la OPrganización Mundial de la Salud están empujando en su programa de «Calidad y Derechos«(descarga en el enlace)), mientras tanto Carla ve que sus compañeros en esa planta se relacionan entre ellos y con el exterior, hacen actividades con terapeuta ocupacional, socializan e incluso pueden recibir llamadas de teléfono que a ella la niegan para que no se pueda poner en contacto con la prensa «ya que hay un proceso judicial abierto contra dicho hospital», obligada a estar sola las 24 horas de cada día mirando las cuatro paredes de su blanca y triste habitación.
Además en las últimas semanas, de acuerdo a la informción que Rocío ha hecho llegar a Europa Hoy, la expropian pertenencias por parte de los sanitarios de dicha planta. Se le da un tratamiento innecesario con efectos secundarios contraproducentes y «que no sólo no ayuda a mejorar las patologías físicas de Carla, sino que además puede hacer un daño irreversible al estar impidiendo que tenga la atención médica correcta o enmascarando síntomas importantes que deberían ser tratados». Todo esto sin el consentimiento de Carla y faltando completamente a los derechos de Carla como paciente, tal y como explica la Junta de Castilla y León en su web:
“Es el derecho a elegir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las distintas opciones que para la aplicación de un procedimiento de diagnóstico, pronóstico o terapéutico me presente el profesional responsable y a que no se practique ninguna actuación que afecte a mi salud sin mi consentimiento previo.”
Y es que según parece, no es que no se hayan presentado las evidencias médicas de la enfermedad de Carla, «es simplemente la desidia o incapacidad de aceptar errores o correcciones lo que impide al equipo médico que atendía a Carla en Medicina interna y ahora en psiquiatría, escuchar; escuchar a otros profesionales de la salud o las llamadas de socorro de Carla y su familia».
La Gerencia del HUBU, continúa Rocío, es consciente del procedimiento judicial y ordena a los médicos que restrinjan todos los derechos de la joven y de la autonomía del paciente, mientras Carla languidece en la flor de la juventud, indefensa, sufriendo, apagándose.
¿Vínculos entre personal directivo del HUBU y la Justicia en Brugos?
¿Quiénes están interesados en que Carla continúe ingresada en psiquiatría cuando lo que desea es ser trasladada a otro Hospital de su confianza para recibir el tratamiento adecuado a sus patologías? se pregunta Rocío.
¿Qué intereses ocultos hay en este caso en que otras personas están decidiendo por Carla sin dejarla participar en la toma de decisiones en relación con su salud, faltando completamente a sus Derechos Humanos?
¿Cómo es posible que nos encontremos con una indefensión jurídica de tal magnitud en un Estado de Derecho como se supone que es España? ¿Tendrá algo que ver que la jueza que instruye el caso de Carla sea hermana de la Jefa de Neumología del HUBU?
¿Quién se va a responsabilizar de esto si ocurre un desenlace fatal como el que se documenta más abajo?
Todas estas preguntas no dejan de rondar la cabeza de la madre y familiares de Carla, mientras siente la impotencia típica de una lucha entre David y Goliat.
Lo que Carla desea, dice su madre, es salir de psiquiatría y acudir a un Hospital de confianza con profesionales capaces y dispuestos a ver su situación médica física real sin prejuicios y que hagan lo posible por devolverle la salud.
Mientras se le niega el tratamiento correcto y se vulneran sus Derechos Humanos de forma flagrante, cuenta Rocío a Europa Hoy, Carla se deteriora física y anímicamente de forma irreversible. No hace tanto tiempo como para olvidar el fatal desenlace del caso de Andreas Fernández, fallecida a los 26 años, enfermedad física y al igual que Carla dejó de ser atendida debidamente e ingresada injustificadamente en psiquiatría.
