Intolerancia y violencia contra la comunidad bautista en México: un llamado a la acción

En un mundo donde la diversidad de creencias y prácticas religiosas forma parte del tejido social, resulta profundamente inquietante presenciar actos de intolerancia y violencia que amenazan la libertad religiosa. Recientemente, a través de una publicación en el periódico El Grafico hemos visto una serie de ataques que han sacudido a la comunidad del Iglesia Bautista Fundamental La Gran Comisión en los pueblos de Coamila y Rancho Grande, México. Este artículo busca arrojar luz sobre la situación y llamar a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas.

Según el informe, los miembros de esta comunidad religiosa han sido víctimas de ataques violentos perpetrados por individuos armados con machetes, quienes no sólo han amenazado su integridad física sino que también han quemado sus cultivos y viviendas, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad. Además, han sido despojados de sus hogares y se les ha negado el acceso a servicios básicos como educación, agua potable, programas gubernamentales, libre circulación y propiedad de la tierra. Estos hechos no son incidentes aislados, sino que representan una persecución sostenida durante ocho años.

Ante esta alarmante realidad, es imperativo que las autoridades correspondientes investiguen pronta y exhaustivamente los hechos reportados por El Gráfico para verificar su veracidad y determinar las causas subyacentes de estos actos inhumanos. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, las personas sean sometidas a tal grado de opresión por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

La libertad religiosa es un pilar fundamental en cualquier sociedad que se precie de ser democrática y respetuosa de los derechos humanos. Este derecho está consagrado en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 18 protege no sólo la libertad de tener o adoptar una religión o creencia de su elección, sino también la libertad de manifestar esa religión o creencia en enseñanza, práctica, adoración y observancia.

Es crucial entender que el ejercicio de esta libertad no se limita a las religiones tradicionales o mayoritarias. El artículo 18 también protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia. Por tanto, cualquier forma de discriminación o violencia basada en la religión o convicciones personales es una violación directa de este precepto.

El derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia es absoluto e incondicional. No se puede restringir ni siquiera en situaciones excepcionales. Es por eso que instamos a las autoridades mexicanas a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los miembros de la Iglesia Bautista Fundamental Gran Comisión. Es necesario que se proteja a estas personas y se restablezcan sus derechos y propiedades.

Además, es necesario establecer un diálogo constructivo que promueva la tolerancia y el respeto mutuo entre las diferentes comunidades religiosas del país. La educación desempeña un papel crucial en este proceso, enseñando a las generaciones futuras el valor del pluralismo religioso y el respeto por la diversidad.

En conclusión, lo ocurrido en Coamila y Rancho Grande es un sombrío recordatorio de que todavía queda mucho trabajo por hacer en la lucha contra la intolerancia religiosa. Llamamos a las autoridades a actuar con diligencia y justicia, asegurando que estos actos no queden impunes y que se restablezca el tejido social basado en el respeto a los derechos humanos fundamentales. Que la esperanza y la solidaridad prevalezcan sobre el odio y la división.