Tras el proceso penal por la muerte de una estudiante de 21 años que fue objeto de esta práctica brutal en el distrito de Bonthe, tres relatores especiales emitieron una declaración condenando la mutilación genital femenina como “una forma grave de violencia contra las mujeres y las niñas que equivale a tortura».
“Viola los derechos fundamentales de sus víctimas, incluyendo su integridad física y los derechos a no ser sometidos a tortura u otros tratos crueles ya la vida, la salud sexual y reproductiva”, dijeron.
Práctica arraigada
Las costumbres discriminatorias están arraigadas en las normas sociales y las configuraciones de poder, inevitablemente vinculadas al estatus y al lugar de cada uno en las comunidades, dijeron los expertos.
“Al igual que otras prácticas nocivas de naturaleza similar, la mutilación genital femenina refleja y perpetúa una tendencia más amplia de desigualdad de género”.
Las tres destacaron que la mutilación genital femenina no puede normalizarse ni utilizarse como justificación para invocar costumbres socioculturales y religiosas en perjuicio del bienestar de mujeres y niñas.
“Deben interpretarse de acuerdo con la tendencia más amplia de la violencia de género, que simplemente no puede continuar con impunidad”, explicaron los relatores especiales.
Se necesita justicia judicial
Según los informes, el proceso penal contra uno de los perpetradores acusado de mutilación genital femenina que provocó la muerte de la víctima se ha visto obstaculizado por la falta sistémica de protección de mujeres y niñas.
“La falta de una legislación específica y aplicable que tipifique y castigue expresamente la mutilación genital femenina está obstaculizando la investigación judicial o de otro tipo y la persecución de estas prácticas nocivas y homicidios ilegítimos”, dijeron los expertos.
“Las leyes y las políticas deben proporcionar una rendición de cuentas clara marcos y sanciones disciplinarias con respecto a la mutilación genital femenina”, dijeron.
apoyando a las mujeres
Los expertos de la ONU instaron al gobierno de Sierra Leona a establecer un conjunto integral de prohibiciones legales, incluso mediante el fortalecimiento de los memorandos de entendimiento con los profesionales locales y la modificación de la Ley de derechos del niño para prohibir explícitamente la práctica de la mutilación genital femenina a niñas menores de 18 años.
En tanto, saludaron el anuncio del Presidente sobre su intención de apoyar un proyecto de ley sobre maternidad sin riesgo, que ayudará a mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas.
“Sierra Leona está tomando medidas concretas y significativas para promover los derechos humanos, incluso a través de la reciente abolición de la pena capital”, dijeron los expertos.
La respuesta del Gobierno a la mutilación genital femenina será un testimonio de si dicho compromiso puede extenderse a los derechos de las mujeres”.
Sobre los expertos
Los expertos que firmaron la declaración son Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Tlaleng Mofokeng, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Los relatores especiales y los expertos independientes son designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o la situación de un país. Los cargos son honorarios y los expertos no son remunerados por su trabajo.
