A finales de 2022, cerca de 2.900 personas seguían detenidas en virtud del plan.
Legado no resuelto
Entre 2005 y 2012, los tribunales ingleses y galeses utilizaron la legislación IPP para imponer sentencias indeterminadas a quienes se consideraba que podían causar daños públicos graves, «hasta que ya no representaban tal riesgo», afirma un comunicado de prensa emitido por la oficina de derechos humanos de la ONU. ACNUDH en nombre de la experta en tortura de la ONU, Alice Jill Edwards.
Inicialmente, estas sentencias eran obligatorias para más de 50 delitos graves específicos, lo que llevó a que se encarcelara a un número mayor de lo esperado: un total de 8.711.
Fundamentalmente, la cancelación del plan después de 2012 no fue retrospectiva.
«El Gobierno debe intensificar sus esfuerzos para garantizar oportunidades de rehabilitación para todos los afectados, así como el acceso a reparaciones adecuadas y apropiadas», dijo la Sra. Edwards, oficialmente conocida como la Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Inquietante tasa de suicidios
Un informe parlamentario reciente sobre los casi 3.000 presos que permanecen bajo el plan llamó la atención sobre la importante angustia psicológica que experimentan estos reclusos.
Esto incluye un elevado número de casos de daño autoinfligido, pensamientos suicidas, esfuerzos por autolesionarse y casos trágicos de suicidio.
‘Cruel, inhumano y degradante’
«La angustia, la depresión y la ansiedad causadas por este plan son graves para los presos y sus familias», dijo la señora Edwards.
Además, se informa que los reclusos del IPP son aproximadamente 2,5 veces más susceptibles a autolesionarse que la población penitenciaria en general, y los datos del gobierno de 2021 revelan 65 casos de suicidio entre los reclusos del IPP.
“Para muchos, estas sentencias se han vuelto crueles, inhumanas y degradantes. Han sido reconocidos por sucesivos gobiernos del Reino Unido e incluso descritos como indefendibles por un ministro de Justicia, pero persisten”, dijo.
Llamado al cambio
Tras comunicarse con el Gobierno y otros expertos, la Sra. Edward subrayó que el programa viola los principios esenciales de una justicia justa y el estado de derecho, y que las personas reintegradas a la sociedad bajo el IPP pueden ser reencarceladas en cualquier momento.
La Sra. Edwards expresó su preocupación por la falta de fondos para supervisar eficazmente a los prisioneros del IPP, lo que ha llevado a restringir el acceso a iniciativas de rehabilitación esenciales.
Además, destacó el concepto de que las sentencias indeterminadas deberían emplearse con moderación y preservarse sólo para los delitos más graves.
‘Desorden’ de un sistema
Sin salvaguardias, “nos quedamos con el desastre que es el sistema IPP del Reino Unido, donde se retiene a personas sin poder demostrar que merecen ser liberadas. Por lo tanto, no es sorprendente que muchos presos del IPP se encuentren en un estado mental mucho peor que en el momento en que fueron sentenciados”, afirmó.
Relatores Especiales y ONU Consejo de Derechos HumanosLos expertos independientes designados que forman parte de los grupos de trabajo no son personal de las Naciones Unidas y son independientes de cualquier gobierno u organización. Sirven a título individual y no reciben salario por su trabajo.
